La gestión de las bibliotecas y archivos depende cada vez más de infraestructuras tecnológicas privadas. Estas decisiones, a menudo presentadas como técnicas, tienen profundas implicaciones políticas y éticas.

En el Estado español, numerosas bibliotecas y archivos públicos utilizan software desarrollado por empresas israelíes o por compañías directamente vinculadas a la ocupación.

Un ejemplo destacado es el sistema de gestión bibliotecaria Alma, producto estrella de Ex Libris (Clarivate), cuya sede principal se encuentra en un asentamiento israelí ilegal según el derecho internacional. Estas empresas no son actores neutrales: forman parte de una economía que sostiene y normaliza la ocupación.

El uso de dinero público para contratar estas tecnologías implica una forma de complicidad institucional con el genocidio que debe ser revisada y corregida.

Marco legal

El Real Decreto-ley 10/2025 proporciona herramientas legales para revisar, suspender o rescindir contratos públicos cuando existen vulneraciones de derechos humanos, incompatibilidades éticas o conflictos con el derecho internacional.

Las bibliotecas y archivos públicos están sujetos a los principios de la contratación pública, que incluyen la legalidad, la responsabilidad social y el respeto a los derechos humanos.

Aplicar este marco legal a los contratos tecnológicos no solo es posible, sino necesario. Existen alternativas técnicas viables que permiten abandonar software implicado en la ocupación sin poner en riesgo la continuidad de los servicios públicos ni el acceso a la información.

Foto de Brandon Chong en Unsplah